El cine en México es un derecho cultural

Palomiando, Cine Mexicano, Cultura, Derecho cultural
En esta ocasión dejamos de lado al cine como negocio, al cine como industria, y centramos la atención en el derecho cultural que simboliza, según la Ley en México.

En esta ocasión se le dará la vuelta a la tortilla antes que se queme y la atención se centrará en los aspecto culturales que sustentan al quehacer cinematográfico en México.

Si bien este tema es poco recurrente en Palomiando debido al enfoque industrial y de negocios que son la base de existencia de este sitio web, y aunque en algunas ocasiones se ha hablado del énfasis cultural que el gobierno otorga al cine mexicano para demostrar cómo este planteamiento lo aleja de convertirse en una industria con poder económico y social en el país, por esta vez veremos al cine con ojos institucionales, reparando de manera breve en la situación en que se encuentra según los parámetros oficiales.

Más allá de resaltar lo positivo, que para eso existen – y ese es su trabajo – las instituciones y organismos oficiales, imaginémonos como un ente descentralizado que tiene como objeto evaluar la situación actual de la actividad cinematográfica mexicana en base a los lineamientos esenciales que la misma establece y enmarca.

Para lo anterior se deben conocer los dos principales pilares que dan vida al quehacer cinematográfico en México: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y La Ley Federal de Cinematografía.

En el artículo 4º de la Constitución Política se puede encontrar lo siguiente:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

– Constitución Política de México

De igual forma, en el artículo 4º de la Ley Federal de Cinematografía se deja en claro el valor cultural de un producto fílmico.

La industria cinematográfica nacional por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa, y constituye una actividad cultural primordial, sin menoscabo del aspecto comercial que le es característico. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y su Reglamento. Las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por sí o mediante convenios con la Autoridad Federal competente.

– Ley Federal de Cinematografía

Por la misma definición que establece la Ley, el cine es cultura y el acceso a la cultura es un derecho para todos los mexicanos, sin embargo no toda la población en el país tiene acceso a este medio.

A lo largo de territorio nacional existen 5,678 salas de cine distribuidas en tan sólo 150 municipios en los cuales se concentra una alta densidad demográfica. Esto sólo da cobertura a 56 por ciento de la población total del país, lo que deja a 44 por ciento de los mexicanos sin este derecho cultural y que es responsabilidad del gobierno atender.

Lo anterior se puede traducir en un aproximado de 52.8 millones de mexicanos que no tienen acceso al cine y que de proveérseles una infraestructura privada y comercial para satisfacer esta necesidad de esparcimiento cultural, la pregunta se extrapolaría ahora a: ¿cuántos de esos mexicanos pueden pagar por esta actividad?

Los indicadores para medir la pobreza son varios y por ende distintos. Entro lo que define el Banco Mundial y el propio gobierno mexicano, se pueden obtener resultados distintos sobre el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza. ¿A qué viene este tema, si el acceso a la cultura es un derecho y por ende debe ser gratuito? Porque no lo es. La CINETECA nacional cobra por el acceso y aprovecha para generar ingresos mediante la venta de alimentos, bebidas y otros productos que se pueden adquirir dentro de sus instalaciones. Esto lo debe de hacer para lograr cubrir sus costos operativos, debido a que el presupuesto en materia de cultura no es suficiente para abarcar todas las necesidades que el país tiene en este tema.

Imaginemos entonces que existe cobertura en el casi todo el país, y que la mayoría de los municipios tienen una sala de cine, publica o privada, pero que para sobrevivir se debe obtener una recuperación económica mediante la venta de entradas y otros productos en los recintos culturales, ¿cuántos mexicanos podrían pagar el acceso a esta actividad que por Ley es un derecho?

Entre los tantos datos que se pueden encontrar sobre la pobreza en México, una constante indica que el 42 por ciento de la población que vive en el país se encuentra bajo la linea de pobreza nacional, mientras que el 44 por ciento es el que no tiene acceso al cine, por lo que con rápidos y vagos procesos matemáticos podríamos inferir que sólo un 2% de los habitantes podrían pagar su ida al cine, pero no tiene acceso a éste.

En esta ocasión dejamos de lado al cine como negocio, al cine como industria, y lo vemos como la Ley lo establece, un bien y un derecho cultural. A partir de lo anterior se puede establecer que el gobierno no cumple su trabajo en materia cultural debido al limitado acceso que la población tiene a esta actividad, la cual además representa un gasto para las familias mexicanas alejándolo más ser un derecho.

A lo largo de los años he escuchado quejas y cuestionamientos por parte de todos los involucrados en el quehacer cinematográfico en México. Los productores: no nos exhiben, los exhibidores: nos quieren hacer exhibir material que afecta nuestro negocio, los distribuidores: no somos provistos de material atractivo para las exhibidoras y los productores quieren ganar más por hacer menos.

Es claro, como lo hemos expuesto en otras publicaciones, que en el cine mexicano cada quien ve cómo jalar agua para su molino, pero la realidad es que todo esto se traduce en algo muy simple: a nadie le interesa el público, la audiencia. Mientras que no hay exhibición sin cine y no hay cine sin exhibición, están olvidando lo más importante: sin audiencia, sin consumidores, ningún producto tiene la capacidad de existir.

El discurso oficial apunta a una nueva creación de audiencias para el cine mexicano pero, ¿cómo quieren lograr esto si un gran porcentaje de la población está fuera de la jugada?, ¿cómo lo pretenden si se debe pagar por acceder a una actividad que por Ley es un derecho cultural y esto a su vez es un derecho humano?

No es la primera vez que en este espacio concluiremos que: la unión hace la fuerza. Cuando los intereses de los principales involucrados en el cine mexicano deje de lado a sus propios bolsillo, arcas y cuestiones efímeras, y se concentre entonces la atención en el público, en la audiencia y en el pueblo, pues de ellos y para ellos se vive, entonces no sólo existirá la posibilidad de establecer una industria cinematográfica en México, sino que también se podrá atender y dar cobertura a ese derecho cultural que el cine es para los mexicanos y sus derechos humanos.

¿Podrá algún día el cine mexicano encontrar ese balance y ser industria y cultura? ¿Algo más que les gustaría agregar a esta publicación? No olviden compartir esta página con sus redes sociales para que todos estén enterados de la información más relevante de la industria cinematográfica en México. Si tienen algo que decir, con toda confianza, es un foro abierto en donde con gusto leeré sus comentarios. Que los conteste es otro cantar.

Palomiando, todos los derechos reservados. Alonso Valdés Morales
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